La Mesa de la Diversidad entregó propuestas legislativas a los precandidatos a diputados.
La Mesa de la Diversidad de Rio Cuarto manifiesta que es necesario realizar una campaña electoral con propuestas concretas, por eso se envio a todos los precandidatos de la ciudad de Río Cuarto una carta con iniciativas parlamentarias que se deberian discutir en el Congreso Nacional.
Desde la aprobación de las leyes de igualdad en 2010 y 2012 ha significado un enorme avance en materia de inclusión y ciudadanía, pero sin dudas requiere de normas complementarias que permitan el ejercicio de sus derechos en todo el país en condiciones de plena equidad».
Sin lugar a dudas la aprobación de instrumentos legislativos que promuevan y garanticen derechos a diversos colectivos vulnerados o remuevan barreras discriminatorias existentes constituyen herramientas centrales, tanto para el Estado como para los propios colectivos vulnerados en derechos.
Asimismo, en el nivel de legislación federal la Argentina es uno de los países de referencia a nivel mundial en materia de diversidad sexual, tras la aprobación de las leyes de Matrimonio Igualitario aprobada por ambas Cámaras en julio de 2010 e Identidad de Género aprobada en mayo de 2012.
Si bien es cierto que ambas leyes constituyeron un salto enorme para el ejercicio de la ciudadanía, aún quedan muchas materias pendientes para el pleno ejercicio de todos los derechos.
Es por ello que desde la Mesa de la Diversidad de Río Cuarto y la FALGBT promovemos las iniciativas que detallamos a continuación y que —entendemos— el Congreso de la Nación debería aprobar para dar un marco legal que complemente y potencie el gran salto cualitativo que significaron las dos leyes mencionadas.
1. Aprobación de una nueva ley sobre actos discriminatorios que contemple como pretextos discriminatorios la orientación sexual y la identidad y/o expresión de género, al tiempo que incorpore la presunción del daño moral, la inversión de la carga probatoria del carácter discriminatorio de las acciones (salvo en el ámbito penal), la legitimación de las organizaciones de la sociedad civil para accionar en procesos judiciales contra la discriminación y el establecimiento de agravantes en los delitos cometidos por odio basado en categorías sospechosas.
2. Sanción de una ley que garantice un trato no discriminatorio a la población LGBT en la donación de sangre y prohíba la utilización de formularios de anamnesis que definan la capacidad de donar sangre en base a la orientación sexual o la identidad de género, lo que perpetúa concepciones discriminatorias y estigmatizantes.
3. Aprobación de una Ley para la prevención, atención y eliminación de todas las formas de acoso y hostigamiento escolar que, desde una perspectiva global sobre las causas sociales de esta problemática, establezca políticas públicas específicas y concretas y brinde herramientas a la comunidad educativa para abordar adecuadamente esta temática en todas las instituciones educativas del país.
4. Creación por ley de un «Programa Nacional de Salud Integral Trans» en el ámbito del Ministerio de Salud de la Nación que garantice un piso mínimo y uniforme de cumplimiento de lo dispuesto por la Ley de Identidad de Género en materia sanitaria en todas las provincias argentinas y la Ciudad de Buenos Aires.
5. Aprobación de una nueva Ley de Adopción, que la encuadre en la Convención sobre los Derechos del Niño y la ley 26.061 de protección Integral de la Infancia.
6. Creación de la figura de las «Uniones Convivenciales» que garantice derechos y protección a todas las parejas no casadas en materia patrimonial, previsional y de seguridad social.
7. Sanción de una legislación sobre «Análisis Preocupacionales» para que los mismos deban ser realizados en efectores públicos de salud y terminar con la frecuente violación del principio de confidencialidad de la situación serológica de las personas en relación al VIH y otras ITS.
8. Aprobación de una Ley de Educación Laica que garantice el derecho constitucional a la educación en un marco de igualdad para todas las ciudadanas y ciudadanos y ponga fin a la práctica de la educación religiosa en las escuelas de gestión estatal de varias provincias argentinas.
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