La Mesa de la Diversidad y la FALGBT van a la justicia para garantizar el derecho electoral del colectivo trans.
Desde la aprobación de la Ley de Identidad de Género más de 3000 mujeres y hombres trans accedieron al reconocimiento de la identidad en todo el país. Sin embargo sus datos no fueron actualizados en los padrones por lo que se estima que sólo el 5% podrá sufragar en las PASO del 11 de agosto y las elecciones legislativas de octubre. La ley y su decreto reglamentario garantizan el derecho electoral por lo que debe subsanarse esta grave situación. La Mesa de la Diversidad en conjunto con la FALGBT iniciaron una acción en el mes de mayo pero la Cámara Nacional Electoral no dió respuesta integral al planteo.
La Federación Argentina de lesbianas, gays, bisexuales y la Mesa de la Diversidad informan que iniciarán acciones legales contra la Cámara Nacional Electoral a fin de garantizar el derecho electoral a todas las mujeres y hombres trans que han accedido al cambio registral, y cuyos datos no han sido actualizados aún en el Padrón Electoral que se utilizará para las PASO del 11 de agosto y las elecciones legislativas del próximo mes de octubre.
Al respecto la ley de Identidad de Género establece en su artículo 10 la obligatoriedad de adecuación de los padrones electorales a fin de garantizar el derecho electoral de este colectivo. Asimismo esta obligación emerge también del Artículo 11° del propio decreto reglamentario.
Sin embargo se estima que sólo el 5% de las personas beneficiadas por la ley de Identidad estarán en condiciones de votar con sus datos adecuados. Ante esta situación se decidio realizar la presentación de un recurso de Habeas Data ante la Justicia electoral en todo el país en resguardo del derecho Constitucional al voto, y el derecho a la confidencialidad y debido resguardo de los datos personales de las mujeres y hombres trans perjudicados por la falta de cumplimiento de la normativa existente.
Estamos realmente preocupados por lo que ha ocurrido con la no actualización de los padrones electorales, sobre todo por la incidencia que tiene para tantas mujeres y hombres trans que se verán impedidos de ejercer el derecho al voto por un mero error asministrativo, o falta de previsión de las autoridades competentes en esta materia. Parece mentira que garantizar un derecho – el de la identidad – termine restringiendo otro – el electoral – cuando ambos son centrales y fundamentales para el ejercicio pleno de la ciudadanía.