PARTE DE PRENSA: Diversidad Sexual: Memoria, Verdad y Justicia
Diversidad Sexual: Memoria, Verdad y Justicia
Hace 38 años, el 24 de marzo de 1976, un golpe de Estado cívico-militar instauró la dictadura más sangrienta de la historia argentina. Desde la Mesa de la Diversidad de Río Cuarto entendemos que es necesario reflexionar sobre la violencia estatal contra lesbianas, gays, bisexuales y trans (LGBT) llevada a cabo durante el autodenominado “Proceso de Reorganización Nacional”.
En el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, la Mesa de la Diversidad promueve la reflexión ciudadana sobre lo acontecido durante el Golpe y las más de 30 mil víctimas del terrorismo de Estado; víctimas que incluyeron a Obreros, Estudiantes, Empleados, Profesionales, Docentes, Autónomos, Amas de casas, Periodistas, Actores, Artistas y Religiosos.
Queremos visibilizar y se sepa críticamente que la represión a nuestro pueblo argentino no excluyó la persecución a lesbianas, gays y personas trans como parte de los dispositivos de disciplinamiento social, político, sexual y de “higiene moral”.
El 17 de marzo de 1977 el Frente de Liberación Homosexual – FLH - envió un comunicado a los medios de comunicación denunciando los arrestos arbitrarios que sufrían los homosexuales bajo la dictadura y cómo se les obligaba a firmar por la fuerza contra su voluntad declaraciones incriminatorias, como el “2doH”. Similares denuncias realizó Néstor Perlongher desde el país vecino de Brasil, señalando la existencia de una “limpieza moral”. (Boletín do Grupo Gay Da Bahía. N. 1, 8/1981)
Las razzias policiales a partir de 1981 llegaron incluso a lugares considerados relativamente seguros para gays y lesbianas. En febrero de ese mismo año, la Prefectura irrumpió en una isla del Tigre, deteniendo a 340 homosexuales (Perlongher, 1981) y, en noviembre de ese mismo año, pese a la presencia de muchos turistas, la policía realizó una razzia en la Plaza Dorrego, el corazón del tradicional barrio de San Telmo y arrestó a un cantante junto también a otras veinte personas. “La justificación policial fue que hay mucha gente amoral, homosexuales y ese tipo de gente en la Plaza.” (The Buenos Aires Herald 7/11/1981)
La represión de la dictadura cívico-militar hacia las personas LGBT no ha sido visibilizada ni tematizada socialmente, así como tampoco ha formado parte de ninguna causa judicial concreta. Sin ir más lejos, la sistemática violación de sus derechos en tanto blanco de exclusión y discriminación perpetuados por los mecanismos de normalización heterosexual, ha implicado también a nivel discursivo la asociación pos-dictadura entre VIH/SIDA y homosexualidad. Creemos por ello que, también merece una crítica el terrorismo tanto físico como aquél de carácter lingüístico y social que impregna los más profundos pensamientos del inconsciente colectivo creando de este modo una sociedad del mito, el tabú y principalmente el prejuicio y la estigmatización cultural. Por eso, entre las asignaturas pendientes y, en el marco del derecho a la verdad, reivindicamos el derecho a conocer, a saber qué ocurrió con los detenidos y desaparecidos de la comunidad LGBT, cómo ha influido la orientación sexual e identidad de género en la represión y, por fin, reconstruir sus historias militantes.
Pero tampoco se trata de ignorar que ya en democracia, si bien nuestra constitución nacional establece que “todos sus habitantes son iguales ante la ley”, a lesbianas, gays, bisexuales y trans no se nos ha reconocido esa igualdad hasta hace muy poco tiempo. Esto, claramente, constituyó un déficit democrático que fue tan naturalizado como invisibilizado.
Ubicar las reivindicaciones del movimiento LGBT en el marco de los derechos humanos ha sido un largo proceso y desafío. Durante muchos años la variable de la diversidad sexual y de género no fue parte de la agenda política de ningún gobierno ni mucho menos de los medios de comunicación masivos. Solo para exponer como referencia, recién en el año 2007 se inició el proceso de reformas que eliminaron de los Códigos Contravencionales y de Faltas los artículos que abiertamente penalizaban la homosexualidad y el travestismo, utilizados para criminalizar nuestras identidades en manos de las estructuras policiales provinciales, que dieron lugar a innumerables razias, detenciones arbitrarias y tratos crueles inhumanos.
En nuestra provincia se siguen utilizando otras figuras abiertas del Código de Falta como son: la prerrogativa policial para detener por averiguación de antecedentes o identidad, la figura del merodeo y otras puestas en marcha implícitamente para perseguir a la población LGBT, especialmente a personas trans en situación de prostitución.
La lucha de los organismos de derechos humanos y los enormes avances en la respectiva materia le dieron contexto – y un marco de posibilidad – a la inclusión en la agenda pública de otras reivindicaciones como las de la diversidad sexual misma.
El 15 de julio del año 2010 se reconoce por Ley el derecho a contraer matrimonio civil a las parejas del mismo sexo, aprobándose luego la Ley de Identidad de Género durante el año 2011. La sanción de estas leyes comenzaron a poner en agenda la Diversidad Sexual, pero la discriminación institucional continua desde los diferentes estamentos, tanto desde la generada por el propio Estado en sus distintos niveles de actuación cuando “obstruye, restriñe o de algún modo menoscaba el pleno ejercicio sobre bases igualitarias de los derechos y garantías fundamentales reconocidos en la Constitución Nacional” como de gran parte de la sociedad civil, la cual si al menos no se opone abiertamente a nuestra realidad, la acepta duramente en calidad de “tolerancia”, negando de esta forma la libertad de acción cultural que implica por ejemplo un noviazgo público, la forma diversa de vestirse y tantas otras prácticas simbólicas que son viva expresión de los derechos fundamentales de las personas.
Es necesario entonces, transformar la igualdad jurídica conseguida por la lucha constante en igualdad social. Esto como desafió actual plantea una igualdad real desde la cual pensar que el ser lesbiana, gay, bisexual, trans o heterosexual no implica una valoración diferenciada sino identidades sexuales equivalentes en las que todas las personas puedan expresarse libre e igualmente sin que eso conlleve costos en los distintos espacios de sociabilización, comenzando por la familia y siguiendo por la escuela, el ámbito laboral y/o el espacio público.
Los derechos de las personas LGBT son parte de los Derechos Humanos contemplados en la Constitución Nacional y los tratados internacionales que hacen mención específica de los mismos, entendiendo que, son derechos inalienables, sin importar las condiciones sociales, orientaciones sexuales, de identidad de género, religiosas, políticas o de cualquier índole.
Por todo lo anteriormente expuesto y como política de visibilización y lucha reivindicativa de nuestra comunidad LGBT, proclamamos junto a toda la ciudadanía el lema de: “MEMORIA, VERDAD Y JUSTICIA”
Mesa de la Diversidad de Río Cuarto